4 FEBRERO DIA DE LA DIGNIDAD
El 4 de febrero fue una insurrección cívico-militar en el año 1992, escenificada en las principales ciudades del centro-occidente del país. Además de los comandantes a cargo de las operaciones –Hugo Chávez, Francisco Arias Cárdenas, Yoel Acosta Chirinos, Jesús Urdaneta y Miguel Ortíz Contreras–, unos 14 mayores, 54 capitanes, 67 subtenientes, 65 suboficiales, 101 sargentos de tropa y 2.056 soldados alistados, tomaron parte en el movimiento militar. Asimismo, grupos pequeños de civiles provenientes de distintas organizaciones de izquierda venezolanas participaron en la acción. El 4 de febrero, junto a la posterior insurgencia del 27 de noviembre de ese mismo año, marcó el ápice –el punto más alto– de las luchas sociales y políticas del período 1989-1993.
1. Antecedentes, contexto social y político de la rebelión
Aunque iniciado en medio de conflictos y un clima fuertemente represivo, el Puntofijismo había sido el proyecto político hegemónico en Venezuela por más de treinta años. El reconocimiento de ciertas conquistas sociales y políticas y el aumento de los precios del petróleo desde el año 1973, contribuyeron a la legitimidad y estabilidad del régimen que, sin embargo, era conocido por sus tendencias represivas, burocráticas, y la extensa corrupción.
En 1983 la devaluación del bolívar marcó el fin de la “Gran Venezuela”, donde los altos precios petroleros y el elevado gasto público crearon una sensación de prosperidad que contrastaba con el aumento de la pobreza, la precariedad y el deterioro de los servicios públicos. Durante el gobierno de Jaime Lusinchi (1984-1989) se experimentó por última vez con el modelo de capitalismo de Estado vigente en las décadas anteriores, pero la corrupción, la disminución del nivel de vida y la represión social y política se incrementaron.
Matanzas como la de El Amparo y Yumare demostraron el poder de fuerzas especiales y paramilitares como la Disip (Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención) y el Cejap (Comando Específico José Antonio Páez), mientras la corrupción llegaba a niveles nunca vistos, a través del esquema de control de cambios llamado Recadi (Régimen de Cambios Diferenciales). Las luchas sociales de gran escala se habían reactivado ya con los sucesos de marzo de 1987 en Mérida.
En las elecciones de 1988 Carlos Andrés Pérez se impuso. Apenas tomado el poder, decretó un paquete de medidas económicas de impacto fulminante sobre la población, sobre todo, el aumento de la gasolina, que hizo estallar la insurgencia popular del 27 de febrero de 1989. El surgimiento de nuevas organizaciones populares de base, la elección directa de alcaldes y gobernadores, y el distanciamiento de grandes grupos mediáticos como el 1BC y El Nacional de los partidos tradicionales, marcó el inicio de una crisis hegemónica, como no se veía desde los años 60, con la gobernabilidad completamente destruida por las luchas populares. La represión a la insurgencia del 27 de febrero fue seguida por luchas sociales de base que se extendieron ininterrumpidamente hasta 1993. Desde finales de los años 70, esquemas represivos basados en redadas, recluta forzosa, represión de manifestaciones y grandes operativos de seguridad, habían sido la forma del régimen Puntofijista de lidiar con el descontento social creciente y la precariedad de la vida económica y social. Esa represión fue contestada por luchas populares constantes, sobre todo a nivel de los estudiantes de educación media, organizaciones populares de base como las Asambleas de Barrio, las Mesas de Agua, y algunos gremios y sindicatos.
Venezuela era un país altamente urbanizado, donde una población precarizada, agobiada por la inflación, la especulación, el desempleo, el subempleo y los servicios públicos deteriorados, luchaba ahora, no sólo por reivindicaciones sociales localizadas, sino por una transformación en sus condiciones de vida que abarcaba todos los aspectos.
Pero mientras una lucha por el poder se escenificaba día por día en las calles, con protestas, movilizaciones y actividad de las bases populares, la posibilidad de una salida pacífica o armada había sido demostrada por fuerzas políticas nuevas como la Causa R, que logró vencer la corrupción electoral Puntofijista, y por el mismo 27-F, que puso en evidencia las capacidades de una movilización popular a gran escala. Las opciones para una coordinación superior de las fuerzas populares no estaban todavía a la vista, sin embargo, sin que la mayoría de la población lo supiera, las divisiones y conflictos que enfrentaban a distintos sectores de los partidos políticos predominantes, a grupos empresariales con el gobierno, también habían llegado a un sector de importancia capital: las Fuerzas Armadas, que habían sido hondamente afectadas por la corrupción imperante, la profundización de la pobreza y la cesión constante de soberanía nacional.
2. La resistencia militar al Puntofijismo
En las Fuerzas Armadas modernas alrededor del mundo han existido siempre organizaciones políticas de todo tipo, y estas frecuentemente estuvieron influenciadas por ideas nacionalistas y revolucionarias. Así ocurrió en Egipto, donde en torno a Gamal Abdel Nasser se formó un grupo de militares que habría de derrocar al rey Farouk. También, en países sudamericanos como Argentina, donde Juan Perón se convertiría en un importante líder popular y en Bolivia.
En Venezuela, la influencia de partidos políticos sobre el sector militar moderno, se remonta a los años 40, cuando organizaciones clandestinas de militares al mando de Marcos Pérez Jiménez, conspiraron con Acción Democrática para derrocar a Isaías Medina Angarita. Pero el acercamiento de militares a las fuerzas políticas de izquierda se remonta, tanto a la época de resistencia a la dictadura de Pérez Jiménez, como al período de la lucha guerrillera, cuando la influencia del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) y el Partido Comunista en las Fuerzas Armadas, fue suficiente para impulsar tres insurgencias cívico-militares de importancia (el Carupanazo, el Barcelonazo y el Porteñazo), tras las cuales una amplia represión y depuración desmoviliza a la izquierda militar venezolana por unos quince años.
Sin embargo, a finales de los 70, en torno a tres líderes militares, Hugo Chávez Frías, Francisco Arias Cárdenas (Ejército) y William Izarra (Aviación), se forman grupos o “logias” militares separadas que empezarán a colaborar y encontrarse entre sí, progresivamente. Un factor fundamental en la radicalización de estos militares, especialmente de Chávez e Izarra, es la influencia del PRV (Partido de la Revolución Venezolana), dividido del Partido Comunista y dirigido por el guerrillero Douglas Bravo, en el que militaba Adán Chávez, hermano del futuro comandante, quien se convierte en su enlace con esa organización, aunque otros militares y civiles también cumplían la misma función.
Para principios de los 80, la actividad organizativa y conspirativa dentro de las Fuerzas Armadas es extensa, abarcando a veces grupos de más de ochenta oficiales, altamente organizados en círculos, protegidos por seudónimos y otros mecanismos de seguridad. En ese contexto, William Izarra fundará, primero, el ER-83 y luego ARMA, mientras que Hugo Chávez organizará el Comité de Militares Bolivarianos, Patrióticos y Revolucionarios y el Ejército Bolivariano Revolucionario, movimientos que más adelante se convertirán en el MBR-200, cuyos miembros harán el legendario juramento en el Samán de Güere, en 1983.
A medida que avanzaba la década, estas tramas conspirativas se extendían dentro y fuera del mundo militar, ramificándose entre ciertas organizaciones de izquierda, consolidándose a medida que sus dirigentes avanzaban en la jerarquía militar. Pero no todos estaban de acuerdo con sus principios políticos, y algunos eran de carácter más bien reaccionario: todavía es objeto de especulaciones el tema de cuántas conspiraciones más existieron y si estas involucraban oficiales de alto nivel, especialmente generales –como Ítalo del Valle Alliegro, ministro de la Defensa de Carlos Andrés Pérez–, e importantes figuras políticas, como Arturo Sosa, quien fuera más adelante rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). En 1993-94 se hablaría incesantemente de un golpe de derecha, cuyos responsables estaban, al parecer, en el Alto Mando Militar.
Pero sea como sea, la insurgencia de febrero de 1992 fue protagonizada por los llamados COMACATES –Comandantes, Capitanes y Tenientes–, es decir, oficiales de mediana graduación, y hegemonizada por un proyecto nacionalista y revolucionario, que sería el resultado de la colaboración de más de una década entre la izquierda civil y militar.
3. La rebelión cívico militar
La llamada Operación Zamora se escenificó en la zona centro-occidental de Venezuela, en los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Zulia y el Distrito Federal (actual Distrito Capital), desde las 3:00 pm del 3 de febrerode 1992, hasta aproximadamente las 3:30 pm del día siguiente. Alrededor de 2.300 efectivos militares –300 oficiales y un poco más de 2.000 soldados– fueron movilizados para deponer al entonces presidente Carlos Andrés Pérez, que regresaba del foro económico de Davos.